La independencia y la legitimidad siguen siendo el núcleo indispensable del actuar del Poder Judicial y recae ahora, con particular fuerza, en las nuevas instituciones creadas por la reforma: el Tribunal de Disciplina Judicial, encargado de sancionar faltas y garantizar un desempeño acorde al marco constitucional, y el Órgano de Administración Judicial, responsable de la carrera y formación judicial. Ambos entes tienen el deber legal y ético de velar por que la judicatura se sostenga en el rigor técnico y no en simpatías políticas.